RIESGOS POSTPANDEMIA:
LA VULNERACIÓN DE
LOS DERECHOS EN INTERNET
Un experimento de narrativas futuras post pandemia sobre derechos digitales en Colombia.
Narrado por Nathalia Roa, Sandra Barrera, Elder Manuel Tobar y Luis Antonio Silva.
Ilustración por Javier Jara. Web por Javier Jara y Luis Antonio Silva.
Son tiempos de pandemia y la vigilancia tecnológica invade cada rincón de la ciudad. Todo parece estar bajo control hasta que la aplicación del móvil informa un posible contagio. Ahora es ella, la tecnología, la que decide los siguientes movimientos, desobedecer no es una opción.
Todos estamos siendo evaluados por el algoritmo del sistema de estratificación por valor social (EVS). Este se encarga del orden de prioridad para acceder a un equipo de respiración artificial en caso de contagiarnos. El sistema opera bajo la premisa de la obsolescencia social.
Por ejemplo, un anciano o un discapacitado estarán de últimos en la lista, mientras que una estrella del entretenimiento podría tener más posibilidades que un aseador, aunque no más que un científico o un programador de software. El algoritmo determina si estás condenado a vivir o a morir.
En el transporte, recibo una notificación. La información de la biovigilancia y el rastreo de contactos me informa que estuve cerca de una persona que posiblemente esté contagiada. La app gubernamental calculará mi nivel de riesgo. Si es alto, tendré que aislarme, con la posibilidad de perder mi trabajo, incluso, la anulación de mis planes futuros.
Presiento lo peor. La app ha cruzado mis datos bancarios, de salud y de mi trabajo. “Me sugiere” hacer el pago de un seguro empresarial, ordenar mis finanzas, dejar mi cargo en suspensión e ir a la Unidad de Aislamiento Social (UAS) a las afueras del occidente de la ciudad. Si mi estado de gravedad aumenta, la app podrá realizar pagos automáticamente, incluyendo los gastos funerarios por adelantado. Aquí prima la economía sobre la vida.
Entrar a la UAS significará perder por completo cualquier destello de libertad y autonomía que me quedaba afuera.
El manejo que algunos países asiáticos le han dado a la crisis del COVID19, al combinar vigilancia digital y salud pública, abrió el debate sobre los límites que transgrede el uso de la tecnología en relación a la vulneración de los derechos de la sociedad civil, sobretodo en aspectos como la privacidad o la libertad de expresión.
En Colombia, un país en el que campean el hambre, el desempleo, la informalidad, el acceso a servicios básicos y de salud, los derechos digitales parecen no ser prioridad; por el contrario, entre sus constantes alocuciones sobre la pandemia, que han incluido narraciones desconcertantes, el gobierno ha impulsado iniciativas poco transparentes que pueden contravenir derechos ciudadanos. Todo esto con la excusa de ser medidas transitorias, pero que pueden llegar a ser irreversibles, sobretodo con antecedentes como el 4x1000, una medida que también se propuso como temporal.
El cruce de datos entre operadores de telecomunicaciones y los gobiernos de los países asiáticos han originado nuevas formas de seguimiento individual. Los servicios de inteligencia llegan incluso a acceder y notificar a ciudadanos sobre contactos con enfermos del COVID-19. Aunque a este lado del mundo este tipo de funcionalidades parecen distantes, alianzas recientes entre los gigantes del mundo de la tecnología, como Apple y Google, parecen ir encaminadas a ofrecer este tipo de servicios a partir del rastreo de sus sistemas operativos para dispositivos móviles.
La implementación de este tipo de aplicaciones en países con instituciones y organizaciones transparentes y robustas quizás no represente mayores inconvenientes; sin embargo, en un país como Colombia, donde la corrupción se ha enquistado profundamente en las instituciones públicas, las implicaciones pueden ser gravísimas. Por ejemplo, hace poco, en la distribución de los auxilios para la población vulnerable, se detectaron a las pocas horas de su publicación, miles de irregularidades en el manejo de las bases de datos.
La pandemia también puede significar la entrada de otras fuerzas de poder aún no imaginadas las cuales pueden amenazar los derechos humanos, impactar la economía o perjudicar los planes futuros de los individuos. Esto llevaría a una posible psicopolítica digital, donde se toman decisiones en esferas totalmente alejadas de la cotidianidad del ciudadano, pero que terminan afectando de forma profunda la vida de este.
Como propone Harari, también es posible imaginar un escenario en el que la vigilancia sea subcutánea alcanzando niveles de monitoreo biológicos o genéticos; en este escenario un individuo vería mermado su alcance social o laboral a partir de posibles enfermedades o dolencias futuras.
En este último caso, agrupar a las personas infectadas en zonas de exclusión con el fin de evitar que contagien a otros, implica para los perjudicados un aislamiento que puede llegar a hacerlos sentir como parias frente a la sociedad. Los lugares de contención pueden también convertirse en espacios de discriminación y segregación, donde el individuo ahora en su condición de enfermo, pierde su poder de decisión una vez más.
Todo esto nos lleva a pensar en la necesidad de buscar un balance que no abra la puerta a nuevas formas de imposición de poderes gubernamentales sobre los ciudadanos; por ello resulta imprescindible instaurar sistemas de veedurías que den cuenta de procesos como:
• Límites claros de la información recolectada por parte de estas iniciativas.
• Persuasión a través de la transparencia de datos, y no imposición y castigo.
• Privacidad real: encriptación y anonimato para que la protección sea efectiva, ofreciendo alternativas a los usuarios más allá de la débil excusa de “confiar” en las instituciones.
Esta crisis global puede ser una oportunidad para luchar contra la trampa de la comodidad; representa una posibilidad para ser entes activos y creativos que ofrezcan soluciones o vías dentro de las particularidades de cada comunidad. También es un espacio para exigir a los gobiernos procesos sostenidos que vayan más allá del alivio de una emergencia, donde se reconozca la importancia vital de los derechos digitales y su relevancia con el presente y el futuro del bienestar ciudadano.